Ulises Ruiz pide a la PFP intervenir en el conflicto.
Oaxaca.- A unas horas de que se recrudezcan las acciones del movimiento magisterial y de las organizaciones indígenas y campesinas que conforman la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) con el cierre de carreteras, centros comerciales, retención de vehículos del gobierno federal y estatal, “secuestrar” camiones del transporte urbano de pasajeros, así como cerrar gasolineras y boicotear la venta de productos y servicios de empresas transnacionales, el gobernador Ulises Ruiz pidió la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP).
Pero para valorar la “inexistencia de ingobernabilidad”, el gobierno estatal gestiona la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una comisión del Congreso de la Unión.
Para atender el conflicto, el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Heliodoro Díaz, afirma que “debe ser una acción coordinada con el gobierno federal, porque se están cometiendo delitos del fuero común y federal”.
Hasta la noche de ayer, se informó que alrededor de 200 elementos de la PFP resguardarán y garantizarán el libre tránsito, ante la amenaza de bloqueos a las carreteras federales, anunciadas para este lunes.
En tanto que la intervención de la PGR es para que, en el marco de su competencia, lleve a cabo las investigaciones y dé cauce a las solicitudes de órdenes de aprehensión por los delitos del fuero federal que se cometan en el estado.
Al dar a conocer esto, el gobierno de la entidad ratificó su llamado al diálogo y exhortó a las organizaciones sociales para que expresen sus ideas y reclamen la atención de sus demandas, privilegiando la legalidad y los intereses superiores de Oaxaca y del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario general de Gobierno estatal, Heliodoro Díaz, rechazó que en Oaxaca haya una “crisis social”, y para certificarlo dijo que han iniciado las gestiones para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos internacionales de este tipo y una comisión del Congreso de la Unión viajen a la entidad para verificar que “la situación de ingobernabilidad es prefigurada”.
A poco más de 15 días de haber ocupado el cargo como secretario general de Gobierno, el ex coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados asegura que el conflicto de Oaxaca sólo se puede entender en el contexto y la coyuntura político-electoral del 2 de julio.
En tanto que las acciones que radicalizan al magisterio y a las organizaciones indígenas y campesinas de la APPO, son parte del “saldo electoral”, confía.
—¿Todas estas acciones de toma de edificios públicos y de los poderes del estado, el bloqueo de carreteras y la violencia que se ha manifestado, son como para hablar de una crisis en el estado?
—No. Eso es lo que pretenden. Las organizaciones de la llamada Asamblea Popular pretenden acciones de ingobernabilidad para provocar una crisis institucional y afectar la vida económica.
—La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca señala que ya hay ingobernabilidad porque los tres poderes no laboran en las oficinas sedes.
—El estado está funcionando normalmente en oficinas alternas, pero el gobierno ha optado por criterios de prudencia y discrecionalidad para evitar que grupos realicen actos de provocación o que impliquen notoriedad mediática.
—Los manifestantes han tomado los cauces legales para demandar juicio político al gobernador ante el Senado y provocar el desconocimiento de los poderes ante la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la postura del gobierno?
—Invitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales para constatar que estos actos vandálicos sólo quieren prefigurar un escenario que no existe, pero que sí están afectando los derechos de los oaxaqueños.
Dice que hasta ahora el movimiento de las organizaciones ha sido violento para retener vehículos de los gobiernos federal y estatal, de Sedesol, INEGI y Semarnat, así como del estado, además de afectaciones a la ciudadanía con bloqueos y el “secuestro” de camiones, pero para el funcionario la no intervención de la policía estatal “no es un acto de ingobernabilidad”.
“Lo que pretenden es que la sociedad empiece a reclamar al gobierno, pero el reclamo es contra las organizaciones”.
—Señala que el conflicto de Oaxaca está íntimamente relacionado con el proceso electoral. ¿La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación complica la situación de Oaxaca?
—Este tipo de movimientos y la dinámica política, no critico a los partidos políticos, pero los plantones, bloqueos y las amenazas trastocan el derecho de los terceros, por lo que sí tiene impacto.
“Porque estos grupos en Oaxaca y en la ciudad de México son los que insisten en que las acciones al margen de la ley son las que pueden resolver las cosas, pero no por la vía de las instituciones ni en el marco de la ley”.
El ex diputado federal afirma que el proceso de juicio político iniciado en el Senado de la República en contra del gobernador Ulises Ruiz y la petición de desconocimiento de los poderes por parte del Congreso de la Unión, tienen su cauce legal, pero que el gobierno oaxaqueño reitera su disposición al diálogo.
“Pero el escenario que veo es que en lugar de poco tiempo para atender esto, sea de largo plazo, en función del conflicto postelectoral”. (Nurit Martínez Carballo). El Universal: 7/agosto/2006 |