Ingobernabilidad en Oaxaca; Ulises Ruiz debe renunciar

José Jiménez Colmenares, muerto el pasado jueves de un balazo, fue sepultado en el panteón municipal de Ejutla de Crespo, a 60 kilómetros de Oaxaca.

ONG demandan ayuda internacional para poner fin al conflicto. Señalan actuación negligente del Legislativo federal. EMIR OLIVARES ALONSO (La Jornada) Ante los recientes hechos de violencia en Oaxaca, que representan "graves" violaciones a los derechos humanos, diversas organizaciones de defensa de las garantías individuales emitieron una carta "urgente" en la que exigen a varios sectores nacionales e internacionales su participación para la solución del conflicto. En la misiva, dirigida a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Louise Arbour; al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes; al presidente Vicente Fox; al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, las organizaciones exigen que se investigue la responsabilidad en los atentados contra las garantías fundamentales, para el deslinde de responsabilidades. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) -quien acaba de regresar de esa entidad-, señaló que desde el inicio del conflicto, el gobierno de Ruiz Ortiz "ha violado de manera permanente el respeto a las garantías fundamentales". El documento refiere que en el transcurso de la semana cuatro personas han sido asesinadas durante acciones encabezadas por presuntos policías del estado, varias han sido detenidas ilegalmente, otras han desaparecido, además de que quienes son aprehendidos han sido agredidos físicamente. El 22 de mayo, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron un paro de labores para solicitar al gobierno del estado la solución de diversas demandas de mejora laboral, como la rezonificación por vida cara, es decir, una compensación económica, así como diversos apoyos para sus alumnos e inversiones en infraestructura educativa. Tras la negativa del gobierno del estado para atender las demandas de los docentes, diversos sectores de la sociedad oaxaqueña se unieron a la lucha contra el gobernador, formando la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), la cual ha solicitado al Poder Legislativo federal la desaparición de poderes en la entidad para llegar a una solución del conflicto. Las organizaciones firmantes (la Limeddh, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y el Comité Cerezo México) se dijeron preocupadas por la actitud del Congreso de la Unión, "que debido a su actuación negligente pone en riesgo a las personas y hace dudar de su credibilidad y eficacia". Recordaron que "es responsabilidad" de Ulises Ruiz y sus funcionarios estatales, de las autoridades de educación de la entidad y del gobierno federal, "hacer preservar el estado de derecho y garantizar la seguridad de las personas, así como proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales". Por ello, exhortaron al presidente Vicente Fox a que intervenga para generar un espacio de diálogo para la solución del conflicto, que garantice las obligaciones del Estado mexicano, como el respeto, prevención y protección de los derechos humanos de los involucrados. Además de que se "incrementen esfuerzos para el cumplimiento de las demandas de los trabajadores de la sección 22 del SNTE". Asimismo, solicitaron que se investiguen los violaciones a las garantías fundamentales que se han presentado contra los integrantes de la APPO, sobre todo las detenciones, desapariciones y homicidios, con el propósito de deslindar responsabilidades y que los culpables sean procesados y sentenciados. También exigieron que se respete la integridad física, sicológica y jurídica de los miembros de la APPO y de los defensores de derechos humanos presentes en Oaxaca, además de que la administración foxista se base en los acuerdos internacionales para la solución del conflicto. Exigieron la actuación de Fox para que se investiguen los hechos de violencia, y que informe a las organizaciones sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación. A la CNDH, "con base en sus atribuciones y facultades, que actúe en relación con las graves violaciones a los derechos humanos que trascienden el ámbito del estado de Oaxaca y son de interés nacional e internacional". Por su parte, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que la única forma en que el gobierno de Oaxaca responde a la movilización social es la violencia, debido a su falta de capacidad para lograr acuerdos, lo que está generando un "riesgoso" vacío de poder. Agregó que si el gobierno federal continúa con "irresponsables omisiones" en torno a la problemática en el estado, "existe el riesgo que la pérdida de vidas se incremente". "El PRD no dirige la APPO" La coalición Por el Bien de Todos manifestó ayer su apoyo y solidaridad con el movimiento magisterial y popular de Oaxaca, luego de exigir que se aclare el asesinato de José Jiménez Colmenares y se sancione a los responsables. El secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, informó que el partido instruyó a diputados y senadores para iniciar en el Congreso un proceso en contra del gobernador Ulises Ruiz. Subrayó que es necesario buscar una salida política a la crisis oaxaqueña, y que ésta pasa por la renuncia del gobernador del estado. Por su lado, el senador Oscar Cruz dijo que la imprudencia, el autoritarismo y la falta de capacidad en la conducción política han hecho perder la interlocución del gobernador ante las diversas fuerzas políticas y sociales, por lo que se hace necesaria la intervención de los poderes de la República para ofrecer una solución urgente al conflicto. Enfatizó que el PRD no dirige la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y que ésta tiene sus propios órganos de dirección y son autónomos. Cruz López dio lectura a un pronunciamiento suscrito por dirigentes de la coalición, en el que se pide la salida inmediata del gobernador y se demanda que el Congreso de la Unión envíe a Oaxaca una comisión plural de senadores y diputados que certifique la situación que prevalece en la entidad, para formarse un juicio apegado a la realidad y actuar en consecuencia. (Georgina Saldierna. La Jornada). Migrantes se oponen a la entrega de un reconocimiento a Ruiz Ortiz en California: "Si es que llega, será una persona non grata para los oaxaqueños que vivimos acá" ARTURO CANO En el mes de septiembre está programada una visita del gobernador de Oaxaca a la ciudad de Greenfield, California. "Nosotros queremos que vaya el interino, porque para entonces esperamos que Ulises Ruiz Ortiz ya haya dejado el poder", dice Rufino Domínguez Santos, coordinador del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y residente en Fresno. Desde antes, las protestas persiguen al mandatario oaxaqueño, inclusive en el territorio popularmente conocido como "Oaxacalifornia", pues miles de originarios del estado sureño trabajan y viven en los fértiles valles y en las ciudades de esa entidad de Estados Unidos. Durante una breve estancia en la ciudad de México, Rufino Domínguez y otros dirigentes del FIOB -organización con miembros en México y Estados Unidos- hacen un apretado resumen de los agravios que debe el gobernador oaxaqueño. El más reciente es que se han librado órdenes de aprehensión contra dos de los más importantes dirigentes del FIOB en Oaxaca. El frente buscó dialogar con Ruiz Ortiz apenas tomó posesión. Pero siempre se topó con negativas, a las que siguieron advertencias. "Ha habido intimidaciones y amenazas; en varias ocasiones nos mandaron decir que nos atuviéramos a las consecuencias si nos sumábamos a un movimiento de protesta contra el gobernador", asegura Domínguez. Para el dirigente indígena -quien fue jornalero en Sinaloa, Baja California y California antes de dedicarse sólo a la organización de sus paisanos- la única solución a la crisis de Oaxaca es que Ulises Ruiz abandone formalmente su cargo. "Porque en los hechos ya no hay gobierno en Oaxaca, aunque la administración federal diga que no han fracasado allá". Una delegación de dirigentes del FIOB estuvo recientemente en Oaxaca. Ahí, los migrantes constataron las denuncias que han hecho del otro lado de la frontera y se sumaron a las protestas, además de reunirse con representantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y del magisterio, a quienes entregaron "un apoyo simbólico". Pero también donde residen ahora, los oaxacalifornianos han expresado sus puntos de vista. Apenas en junio pasado la anunciada y luego cancelada visita del gobernador Ruiz Ortiz a Fresno, California -donde se calcula viven 60 mil oaxaqueños-, originó la protesta formal del FIOB. Desde principios de mayo, los dirigentes indígenas se reunieron con la cónsul Martha Elvia Rosas Rodríguez, a quien le reprocharon que hubiese promovido la visita de Ruiz Ortiz -junto con Pablo Arnaud, panista, cónsul en Caléxico y ex alcalde de Oaxaca- sin considerar a las organizaciones representativas de los oaxaqueños en Fresno. En la carta dirigida a la funcionaria, el FIOB describió la situación en la entidad de donde proviene la mayoría de sus integrantes: "lo más grave y condenable es la falta de la libertad de expresión; los asesinatos por motivos políticos, que suman más de 40; encarcelamientos injustificados de los líderes sociales; el invento de delitos a los líderes indígenas; 50 heridos y más de 20 amenazados de muerte, de agosto de 2005 a la fecha; 23 mujeres asesinadas y 11 desaparecidas... es decir, una violación sistemática de los derechos humanos, quebrantando la constitucionalidad e institucionalidad de un gobierno". Enterados de que el gobernador Ruiz Ortiz recibiría las llaves de la ciudad, el FIOB y otros grupos expresaron: "Nos oponemos rotundamente a cualquier reconocimiento oficial de parte del condado y la ciudad de Fresno que se le quiera entregar a ese señor; si es que llega, será una persona non grata para la mayoría de los oaxaqueños que vivimos y trabajamos en el valle de San Joaquín". Finalmente, la escalada del conflicto en Oaxaca impidió el viaje del gobernador. Pero sí llegó una delegación de varias decenas de personas, a quienes los activistas del FIOB siguieron a todos los lugares que visitaron, siempre con carteles de protesta. Los dirigentes del FIOB también informan que no todas las organizaciones oaxaqueñas en Estados Unidos están contra Ruiz Ortiz. Ponen como ejemplo a las que encabezan algunos de los empresarios oaxaqueños más exitosos (y adinerados), como Fernando López, dueño de una cadena de restaurantes y otros negocios: "él apoyó a Ulises en su campaña y recibe dinero del gobierno estatal para organizar la Guelaguetza en Los Angeles". Odilia Romero, quien reside en esta última ciudad, dice que "lamentablemente hay algunos que dicen que 'la política es sólo para los políticos', y otros que sólo quieren seguir manteniendo el estereotipo del indio que baila, canta y bebe". Los activistas del FIOB dejarán la capital mexicana en unos días. En California, dicen, continuarán su trabajo para promover la solidaridad con los oaxaqueños "víctimas de un gobierno represivo". Documenta la APPO los crímenes de Ulises Ruiz. Suspenden maestros las actividades previas al comienzo del ciclo escolar. Crímenes políticos, ataque a la libertad de expresión y a los derechos humanos, represión al movimiento magisterial, así como manejo inadecuado de recursos públicos son parte del paquete de acusaciones contra el gobierno de Ulises Ruiz que la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) presentó al Senado para justificar la exigencia de desaparición de poderes.En treinta y siete fojas más un anexo, representantes legales de la APPO detallan las presuntas violaciones cometidas por el gobernador Ulises Ruiz.En esta documentación, de la cual MILENIO tiene copia, se afirma que desde que Ruiz tomó posesión del cargo ha realizado una serie de actividades contra los ciudadanos oaxaqueños, generando una grave situación social y política. Las violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales representan el mayor número de denuncias: tan sólo en 2005, se asegura, 200 personas sufrieron detenciones ilegales.El asalto al periódico Noticias en 2004 también está consignado y se culpa directamente al ex gobernador José Murat y a Ulises Ruiz de secuestrar 31 trabajadores durante la toma de este diario.Estos son los ejemplos narrados y que reflejan el ataque a la libertad de expresión vivido en el estado.En cuanto a los crímenes políticos, en los documentos se relata: desde su proselitismo como candidato a la gubernatura y a pocos días de asumir su cargo, se empezaron a cometer asesinatos de dirigentes de partidos políticos y líderes sociales, tales como Guadalupe Ávila y Serafín García.Indican que a Ruiz le ha faltado voluntad de gobierno para dialogar y, por el contrario, se ha dedicado ha violentar.Los documentos indican que, dada la situación imperante, no hay división de los poderes para desempeñar las funciones a las que fueron elegidas, ya que el Legislativo y Judicial están subordinados al Ejecutivo.Se concluye que: la ingobernabilidad existe en los tres poderes constitucionales. La sección 22 decide no acudir a preparativos del regreso a clasesLos maestros de Oaxaca no saben cuando dejarán de protestar. Tras la detención de uno de sus dirigentes y el asesinato de un simpatizante, la dirigencia magisterial descartó la posibilidad de reintegrarse a sus planteles y, por lo pronto, no atenderán las actividades administrativas previas al regreso a clases.La situación actual provocada por el señor Ulises Ruiz tiene que ser respondida, estimó Daniel Rosas, miembro de la dirigencia sindical. Esta decisión fue acordada por unanimidad en la Asamblea de Delegados de ayer. En la misma se analizó también el reforzamiento del plantón instalado desde hace más de dos meses en el Centro Histórico de esta ciudad. Hace dos días, la policía ministerial de Oaxaca detuvo al líder Erangelio Mendoza. Erangelio, aguanta, el pueblo se levanta, fue la nueva frase que apareció pintada en varias paredes.Por otra parte, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, ofició una de las misas dedicadas al simpatizante asesinado José Jiménez Colmenares, y en su mensaje aseguró que ya huele mal nuestra sociedad. Ya no aguantamos, nadie es capaz de durar mucho ante el hedor a podredumbre. (Milenio: 13/8/2006) "Está rebasado el gobierno oaxaqueño" Martha Anaya. El Universal:13/8/2006 Afirma que el gobierno federal no debe apostarle a administrar la crisis y que la salida de Ulises puede ser una solución, aunque no la única E l ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, afirma que el gobierno estatal oaxaqueño "está rebasado por todos lados: anda casi a salto de mata; no tiene espacios para sentarse a gobernar, carece de canales confiables; y los canales tradicionales políticos están azolvados". Por ello, el gobierno federal debe intervenir de manera más importante, siendo una instancia de conciliación y negociación "con los actores que están enfrente". El gobierno federal, precisa, no puede apostarle a "administrar la crisis". La solución, aunque no es la única, pasa por la salida del gobernador Ulises Ruiz, asevera. En entrevista con EL UNIVERSAL, Diódoro Carrasco indica que la crisis política que vive su estado revela "un proceso de descomposición y de pérdida de control ¡muy grave!", en el que se está involucionando en términos políticos "a una realidad que se parece mucho a la de los 70, con todo lo que ello implica". Veo en Oaxaca un proceso ascendente, "en ondas expansivas", de una crisis política que está poniendo en jaque la gobernabilidad del estado, y están cada día apareciendo nuevos fenómenos, complicando más la situación, inicia. ¿A cuáles se refiere? La violencia, que venga de donde venga es siempre violencia; la presencia muy protagónica, muy pública del EPR; la suma de intereses de grupos radicales maximalistas que ya no encuentran interlocución en el gobierno del estado. Lo que están planteando, desaparición de poderes, renuncia del gobernador, etcétera. Y ahora, nuevos ingredientes de guerra sucia, echándose la culpa para cargarle a uno u otro lado culpas. "Esto, lo único que está revelando es un proceso de descomposición y de pérdida de control ¡muy grave! Muy grave porque además de lo que implica en términos económicos, en términos políticos estamos involucionando hacia una realidad que se parece mucho a la de fines de los 70, con todo lo que ello implica". ¿Qué pasa con el gobierno de Ulises Ruiz? El gobierno estatal a todas luces está rebasado por todos lados. Anda casi a salto de mata. No tiene espacios para sentarse a gobernar, el Palacio de Gobierno lo convirtió en salón de baile, en museo y no sé qué pasó con los demás edificios que están tomados. Y claramente no tienen canales confiables. Yo creo que los canales tradicionales, políticos, están azolvados. En su oficina, el actual diputado electo por el PAN destaca también en su análisis sobre lo que acontece en Oaxaca, "los claros conflictos al interior del grupo gobernante. Parece que se ponen el pie unos a otros. El secretario de Gobierno contra el anterior, y una cosa así rara que por supuesto contribuye aún más a enrarecer esta situación". ¿El gobierno federal no ha sido omiso también? Yo creo que el gobierno federal ha estado manteniéndose no tan al margen, pero al margen de un conflicto que nació y se reprodujo de una manera estrictamente local. El crecimiento de la Asamblea Popular y de los grupos que están manejando este conflicto es inversamente proporcional a la ineficacia y torpeza del gobierno local, que dejó que el conflicto se le fuera de las manos. No es un conflicto nuevo, no son actores nuevos, no son fenómenos nuevos; llevan muchos años. Yo creo que el gobierno federal ha estado en una lógica de decir: "Bueno, es un conflicto local, resuélvanlo, aquí respaldamos". Me parece que tiene que hacer una determinación mucho más práctica. Tiene que ayudar a encontrar salidas y a plantear soluciones. Tiene que ayudar a buscar espacios de diálogo y de comunicación entre actores que están absolutamente confrontados, con canales azolvados. En su opinión, el gobierno federal "tiene que tomar una acción mucho más activa, porque apostarle a periodos políticos, apostarle a que el asunto lo puedes ir administrando, es muy delicado porque no tienes ninguna certeza". ¿Están esperando que se cumplan los dos años de gobierno para no tener que llamar de nuevo a elecciones? No creo, no creo que sea eso, porque eso lo resuelves de otra manera. Recordemos un casos recientes parecidos: Chiapas 1995, Chiapas 1997. Eduardo Robledo, cuando presentó su renuncia al gobierno estatal no tenía ni siquiera medio año. Pidió licencia. Un trámite administrativo no puede ser motivo de trabar un conflicto político. No digo que esa sea la solución o la única solución, tampoco puedo afirmar eso. Pero... Pero me parece que cada vez se vuelven más inviables las autoridades locales en este conflicto. Y me parece que de repente la solución a lo mejor pasa por ahí. La búsqueda de soluciones para recomponer el escenario y sentar a la mesa a los actores y buscar cauces negociados, a lo mejor pasa por ahí. "Lo que yo creo es que es muy difícil apostarle a administrar un proceso que como vemos hoy mismo todos los días se puede salir de cauce. Cómo controlas una sociedad conflictuada, enardecida, con escenarios de guerra sucia, con búsqueda de culpables, con paso de facturas, con un enredo ahí interno de gobierno. Yo lo veo muy complicado". ¿De qué manera puede intervenir el gobierno federal? Puede intervenir siendo una instancia de conciliación y de negociación, de ayuda. No digo que se meta a negociar el problema, creo que puede ayudar. No te puedo decir cuál sería la solución, pero de que tienes que sentarte a hacer una negociación política con los otros actores, no tengo la menor duda. Y que tienes que echar mano de los instrumentos del gobierno para hacerlo, tampoco tengo duda. Que se requiere un ejercicio coordinado del gobierno estatal, del gobierno federal, del PRI mismo, de los actores políticos que están en frente, incluido Gabino Cué, no tengo duda. "Cuál sea la solución, no lo sé. Cada vez que yo opino dicen que tengo interés en que se caiga Ulises, no. La verdad, como oaxaqueño me preocupa enormemente lo que está pasando. Me duele mucho porque es regresar a situaciones que parecían haber sido superadas. El padecimiento de la gente de Oaxaca ha sido enorme. Nadie apostaría por que las cosas se descompongan más aún porque se vaya fulano o mengano. Me parece que esa puede ser una de las soluciones. No es la única", concluye Diódoro Carrasco. Maestros exigen diálogo directo con Presidencia. Posponen el inicio del ciclo escolar; afectarán a 1.3 millones de niños Nurit Martínez y Genaro Altamirano. El Universal: 13/8/2006) OAXACA, Oax.- Los maestros oaxaqueños radicalizaron su posición y rechazaron cualquier diálogo con la comisión negociadora de la Secretaría de Gobernación, y acordaron en su asamblea estatal continuar su movimiento hasta que renuncie el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, además de posponer el inicio del ciclo escolar programado para el 14 de agosto. Con ello, 1.3 millones de niños oaxaqueños no podrán iniciar sus clases en las 14 mil escuelas, por acuerdo de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de mantener movilizados a los 70 mil profesores del estado, a pesar de que el 5 de julio pasado había que comenzar el curso, una semana antes de la fecha oficial, para recuperar los días perdidos por el plantón. Daniel Rosas Romero, vocero de la sección 22, dijo que la reanudación de actividades estará condicionada a la renuncia del gobernador y al diálogo directo con la Presidencia de la República, porque ya descartaron la interlocución de la Secretaría de Gobernación, cuyos enviados arribaron ayer sábado encabezados por Francisco Yáñez Centeno, director general adjunto de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales. El equipo de Yáñez Centeno informó que se limitó a establecer contactos y canales de enlace con el gobierno de Ulises Ruiz, la sección 22, empresarios y con los principales grupos en conflicto. "Apenas vamos a hablar", admitió el secretario general de Gobierno estatal, Heliodoro Díaz. Rosas Romero reiteró que para los maestros, la Secretaría de Gobernación ya fue rebasada con la muerte de José Jiménez Colmenares, esposo de la maestra Florina Jiménez Lucas. "Vamos a pedir directamente un encuentro con quien sea de la Presidencia de la República, no importa si es el presidente Fox o quien sea", añadió. Hoy la APPO y el magisterio harán su quinta megamarcha, desde cuatro puntos de la periferia de la ciudad hacia el centro histórico. "Podredumbre social" En tanto, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, ofició en la basílica de Nuestra Señora de la Soledad una misa de cuerpo presente de Jiménez Colmenares, quien fue sepultado en el municipio de Ejutla de Crespo, 60 kilómetros al sur de la de Oaxaca. En su homilía, lamentó la "podredumbre social" que se vive en torno al conflicto magisterial, y consideró que si los oaxaqueños "no hubieran permitido crecer el mal, las injusticias, y el deterioro, no habría egoísmo, ambiciones, violencia y el rencor". En el panteón, Florina Jiménez negó que su marido haya sido un "borracho que provocó una riña" en la que resultó muerto, según informes de la Procuraduría estatal, y aseguró que no fue sólo un balazo el que recibió "sino que el cuerpo presentaba ocho balazos en distintas partes", y exigió que se haga una investigación. Carta a Fox A su vez, 18 párrocos de la Arquidiócesis de Oaxaca enviaron una carta al presidente Vicente Fox, así como al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y al Congreso de la Unión, para demandar que "atiendan, sin demora alguna, las aspiraciones del pueblo oaxaqueño". La carta es firmada, entre otros, por los párrocos Juan Ruiz Carreño, de Zaachila; Juan Jiménez Gómez, de Juquila; Gil Torres Varela, de Mitla; José Rentería Pérez, de San Bartolo Coyotepec; Emeterio López Sánchez, de Teojomulco, y Leopoldo Martínez, de Lachiguirí.