Indignante la actitud del senado frente a la ingobernabilidad en Oaxaca

Adelfo Regino Montes

Ante la simulación, nueva gobernabilidad en Oaxaca

Ante el grave conflicto en el que vive Oaxaca, nos hemos enterado con suma indignación de la actitud negativa que han venido asumiendo los senadores del PRI y del PAN, al resistirse a la creación de una comisión especial del Senado de la República para constatar la situación de ingobernabilidad y violencia que vive nuestra entidad y, en consecuencia, realizar la declaratoria de desaparición de poderes y el nombramiento de un gobierno provisional. Con ello, más allá de sus respectivos intereses y alianzas, estos senadores están incumpliendo y transgrediendo sus responsabilidades constitucionales en los términos establecidos en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta actitud de indiferencia es consecuente con la posición que hasta el día de hoy ha mantenido la Secretaría de Gobernación, al reducir sus propuestas de "solución" a cuestiones meramente económicas y a una supuesta reforma de las leyes e instituciones estatales que, ante la intransigencia y el autoritarismo de quienes detentan el poder político y económico en Oaxaca, sólo quedaría en una declaración de buenos deseos, tal como ha acontecido en el pasado. Quizás por eso el magisterio democrático oaxaqueño y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) han decidido rechazar las propuestas del secretario de Gobernación, reiterando su planteamiento básico de destitución de Ulises Ruiz.

Con la negativa del Senado a cumplir con sus funciones constitucionales y la simulación del diálogo que ha asumido el Ejecutivo federal, ha quedado claro que las leyes y las instituciones -tan alabadas por quienes la usan y detentan a favor de sus propios intereses- no han estado a la altura de la compleja realidad mexicana, y están cancelando las posibilidades de encontrar una solución legal y pacífica a la explosiva situación oaxaqueña.

Este es el costo que tenemos que pagar los oaxaqueños, gracias a la lógica de la componenda y la alianza coyuntural entre el PAN y el PRI, en que a cambio de mantener en su puesto a Ulises Ruiz, los priístas habrán de apoyar a Felipe Calderón en su aventura y sueño presidencial. Este hecho que es a todas luces visible para la sociedad mexicana se está reproduciendo dramáticamente en Oaxaca, donde a cambio del apoyo al supuesto gobernador, el PAN está obteniendo una serie de ventajas políticas promoviendo iniciativas y leyes que seguramente le darán jugosas ventajas en los tiempos venideros. Solo así puede explicarse que la itinerante legislatura estatal de Oaxaca, mediante el acuerdo del PRI y del PAN, con la exclusión del PRD, haya aprobado de manera sorprendente la Ley de Transparencia y esté preparando para los próximos días una reforma político-electoral, con el claro objetivo de seguir perpetuando y posicionando sus muy particulares intereses.

Toda esta sucia maniobra de hacer leyes a espaldas de los oaxaqueños, y que tiene el claro propósito de deslegitimar la lucha del magisterio y de las organizaciones aglutinadas en la APPO, la conoce el señor Abascal. Por eso nos preguntamos: ¿qué reformas quiere y promete impulsar la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, si por la vía unilateral el supuesto Congreso local está impulsando las suyas en un claro afán por desfondar el movimiento social oaxaqueño? ¿No será el supuesto diálogo en Gobernación una mera simulación para que una vez fracasado se quiera justificar el uso de la violencia institucional? Y si los senadores tampoco están dispuestos a actuar, ¿entonces qué están esperando? ¿Acaso ya saben que el gobierno federal intervendrá en el conflicto oaxaqueño mediante el uso de la fuerza pública?

Estas son las interrogantes que hoy recorren las calles y los barrios de Oaxaca. Y no es para menos, tomando en cuenta la indiferencia gubernamental ante una cuestión altamente explosiva. Por eso, ante la lógica y la estrategia de simulación gubernamental, y tomando en consideración la posibilidad de que haya una intervención de la fuerza pública federal, es justo y necesario insistir en la construcción de una solución pacífica y mediante un diálogo verdadero. Y si las instituciones han abdicado de su papel constitucional, ha llegado la hora de que la sociedad oaxaqueña, en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, asuma y ejerza de manera directa su soberanía y proceda a instituir un nuevo poder público para el beneficio de todos los oaxaqueños.

No hay que olvidar que en otros momentos y circunstancias los pueblos indígenas de Oaxaca hemos emprendido este tipo de iniciativas y acciones en un marco pacífico, en especial en aquellos municipios indígenas en donde el gobierno y el PRI han transgredido y violentado la institucionalidad comunitaria. En estas situaciones, como a muchos consta, se han recuperado e instituido diversas formas de autogobierno indígena basados en los sistemas jurídicos comunitarios. De modo que ahora toca a toda la sociedad de Oaxaca valorar los mejores caminos para fortalecer la resistencia pacífica emprendida y propiciar una auténtica reconstitución que nuestro estado necesita. Esto, sin duda alguna, merece la participación de todos los sectores de la sociedad y debe ser una responsabilidad compartida. (La Jornada: 15-9-2006)