Las candidaturas independientes pondrán fin al monopolio de los partidos políticos

Por José Luis Ortega Pérez

Si los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han manifestado a favor de las candidaturas independientes no cambian de parecer, el próximo martes se dará inicio a la liquidación del monopolio partidista para postular candidatos a puestos de elección popular, abriéndose la posibilidad de la participación ciudadana sin partido en el terreno electoral.
Aprobándose la constitucionalidad de las candidaturas independientes, se abriría la posibilidad, por lo pronto en Yucatán, de que la ciudadanía por fin pueda ejercer plenamente su derecho a votar y ser votado, que muchas veces no es respetado por los partidos políticos, cuya estructura impide muchas veces la participación de candidatos sin partido, a menos de que se goce de la simpatía y aval de las dirigencias partidarias.
Pero no sólo el ciudadano sin partido encuentra dificultades para participar electoralmente como candidato, sino también las agrupaciones políticas nacionales, a las cuales el IFE les da un registro pero no les permite participar electoralmente si no es a través de los partidos políticos existentes o convirtiéndose en partido político, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello.
Por ello es que la declaración de constitucionalidad de las candidaturas independientes por la Corte permitirá que la próxima reforma electoral incorpore esta figura y enriquezca la participación electoral con la inclusión de las agrupaciones políticas nacionales y locales así como la ciudadanía sin partido, pero no sólo en el terreno de “votar” sino también en el de “ser votado”.
En las pasadas elecciones federales, tanto el excanciller, Jorge castañeda como el empresario farmacéutico, Jorge Torres, mejor conocido como el Dr. Simi, buscaron contender por la presidencia de la república como candidatos independientes, pero el Instituto Federal Electoral no aceptó registrarlos porque la ley electoral contempla que sólo los partidos políticos pueden registrar candidaturas para presidente. En el Estado de México, en las pasadas elecciones para gobernador que ganó Enrique Peña Nieto, también hubo un candidato independiente al cual el Instituto Electoral de esa entidad le negó el registro, pero también ha habido casos de candidatos independientes a diputados y presidentes municipales. En síntesis, la demanda de que se incorpore la figura de candidaturas independientes a la legislación electoral no es nueva ni una ocurrencia del Congreso de Yucatán, lo que sí es una contradicción es que el PRD las impugne cuando ha sido una demanda que ha enarbolado en su programa.
Bueno, pero por fin la Corte analiza este tema debido a que en Yucatán se aprobó su reforma electoral en la que incorpora la figura de las candidaturas independientes en las elecciones de presidentes municipales, diputados locales y gobernador, pero tres partidos políticos le solicitaron que declarara inconstitucional dicha reforma electoral, porque la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos no contempla las candidaturas independientes.
Durante varias sesiones, luego de analizar los juicios de inconstitucionalidad presentados por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y el partido local Alianza de Yucatán, la Corte se encuentra dividida, pues seis ministros se han manifestado en favor de las candidaturas independientes y cinco en contra.
Del lado de la minoría, el presidente de la Corte, Mariano Azuela, rechazó las candidaturas independientes porque dijo que generarían caos y desquiciarían y pulverizarían a todo el sistema electoral del país, pero además, cuando el pleno de la SCJN estaba por decidir la constitucionalidad o no de las candidaturas independientes, maniobró para que no se realizara la votación al invitar a sus compañeros ministros a razonar bien su voto y postergar el fallo de la Corte para otra sesión, por lo que será hasta este martes en que se decida la constitucionalidad de las candidaturas sin partido.
¿Pero cómo están las opiniones de los magistrados sobre el tema?
A favor de las candidaturas independientes por considerar que nuestra Constitución Política no le otorga a los partidos políticos el derecho exclusivo ni el monopolio de postular candidatos de elección popular, están los ministros: Juan Silva Meza, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez, Margarita Luna, Genaro Góngora y José Ramón Cossío.
El pelo en la sopa
Los 6 ministros de los 11 que integran la Corte, si bien señalan que las candidaturas sin partido no son anticonstitucionales, precisan, que es facultad de los legisladores decidir si autorizan o no que compitan candidatos independientes en las elecciones locales y/o federales.
O sea, que no obstante que la Corte vote la constitucionalidad de las candidaturas independientes, seguirá dependiendo de los partidos políticos el que se acepte la participación de candidatos sin partido. No así en Yucatán, en donde el Congreso local ya aprobó dicha figura y sólo falta que la avale la corte para que se aplique.
Sergio Valls, ministro que está en contra, dijo que sería deseable que existieran candidaturas independientes, pero que la Constitución no las permite ni las prevé.
Otro ministro que está en contra es Juan Díaz Romero, quien señala que estas candidaturas, no sólo son ilegales, sino que además, la legislación impugnada establece restricciones mayores a los candidatos independientes que a los partidos con registro, lo cual constituía en sí una ilegalidad.
Sostuvo que el máximo tribunal no tenía facultades para "legislar" y, que de reconocer que los partidos políticos no tienen "exclusividad" en la nominación de candidatos a puestos de elección popular, el pleno estaría incurriendo en un grave error.
Por su parte, el Presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, señaló que la aprobación de la constitucionalidad de las candidaturas sin partido resultaría un absurdo, porque la Suprema Corte convalidaría unos requisitos "inconstitucionales y desproporcionados".
A su vez, José de Jesús Gudiño Pelayo se opuso al sistema previsto para reglamentar las candidaturas independientes, porque con ello se convalidaba un sistema de "los abajo firmantes".
En lo que respecta a los ministros a favor de dichas candidaturas, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero expresaron su acuerdo con la aprobación de la constitucionalidad de las candidaturas independientes, básicamente porque se atiende el derecho "a votar y ser votado", que es un "derecho fundamental", contenido expresamente por la Constitución y en tratados internacionales reconocidos por el gobierno mexicano.
Agregaron que, el artículo 41 constitucional -referido al sistema de partidos- no se dice que sea prerrogativa exclusiva o monopólica de éstos el nominar candidatos a puestos de elección popular, por lo que los estados son soberanos y tienen facultades para legislar sobre las candidaturas independientes.
Posiciones encontradas entre diputados panistas
Mientras tanto, no obstante que en Yucatán el PAN votó a favor de las candidaturas independientes, el diputado panista Jorge Zermeño, presidente de la Mesa Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se pronunció en contra, porque dijo, “Imagínense cuantos candidatos independientes se van inscribir solamente por el señuelo de poder recibir financiamiento y prerrogativas. Les aseguro que ¡No nos la vamos a acabar! Vamos a tener una fila interminable de candidaturas independientes a todos los cargos”.
“Yo creo, agregó, que aquí la Corte no debe legislar, con todo respeto para la Corte. Creo que es un tema que nos corresponde a los legisladores legislar en materia electoral”.
Pero por el contrario, el diputado panista Héctor Larios, coordinador de la bancada blanquiazul, se declaró en favor de que se aprueben las candidaturas independientes, pero "con reglas", para evitar que se repita en México el caso del ex presidente de Perú Alberto Fujimori.
El diputado panista afirmó, que es un derecho de los ciudadanos aspirar a ser candidatos a puestos de elección popular, porque actualmente este es un monopolio de los partidos políticos.