México está sentado sobre un polvorín a punto de estallar; tendrá dos presidentes

Se consumó un golpe de estado técnico de la derecha, afirma Luis Hernández.


El próximo 20 de noviembre, la Convención Nacional Democrática tomará protesta a López Obrador como presidente legítimo en el zócalo de la Ciudad de México, iniciándose una etapa más de la resistencia civil pacífica de millones de mexicanos que no reconocen a Felipe Calderón como Presidente de la República debido a que consideran que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. Así que tendremos dos presidentes del país. ¿Usted a quien reconoce?

Luis Hernández Navarro, asesor zapatista en los diálogos de san Andrés entre el EZLN y el gobierno federal y editorialista del diario La Jornada, escribe un amplio artículo sobre cómo se perpetró el fraude electoral en nuestro país, al cual califica como un golpe de estado. También comenta sobre la lucha de los maestros oaxaqueños y la APPO y sobre el triste papel que ha hecho Fox como presidente, quien deja un gran vacío de poder, que difícilmente podrá llenar Felipe Calderón por su carácter de presidente impuesto e ilegítimo. Pero mejor pasemos a leer el artículo-crónica de Luis Hernández titulado “México: Golpe de estado técnico de la derecha”, el cual transcribimos completo por cortesía de telesurtv.net.

Los dados electorales para elegir Presidente de la República en México el pasado 2 de julio fueron cargados a favor de Felipe Calderón. Desde el poder la derecha dio un golpe de Estado técnico. Los comicios no solo fueron inequitativos sino fraudulentos. Todos los recursos del gobierno federal, lícitos e ilícitos, fueron utilizados para favorecer al abanderado del Partido Acción Nacional (PAN). Se echó mano de casi todas las mañas del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó ininterrumpidamente México –con distintos nombres- desde la institucionalización de la revolución armada de 1910-17 hasta el año 2000, para hacer ganar al candidato del gobierno. Se pusieron en práctica, además, los artilugios que las nuevas tecnologías informáticas permiten.
Se trata de un golpe de Estado porque se sobre la decisión soberana de los ciudadanos de darse a sí mismos un gobierno se han impuesto por la fuerza otras autoridades. Es un hecho técnico porque en lugar de recurrir al uso de las fuerzas armadas se ha echado mano de un conjunto de recursos informáticos para presentar como ganador de la contienda a quien no lo es. De la derecha porque la pretensión de imponer a Felipe Calderón al frente del Ejecutivo busca dar continuidad a los intereses conservadores que prevalecieron en el gobierno de Vicente Fox.
El guión fue nítido: primero, un golpe mediático sobre la base de los resultados del Programa de Resultados Electorales Provisionales (PREP), para crear la ilusión de triunfo de Felipe Calderón. Segundo: la articulación de los poderes fácticos para reforzar la victoria del panista. El lunes 3 de julio, un día después de los comicios, votó la Bolsa de Valores elevando las ganancias de los accionistas. Tercero, administración del recuento de votos para hacerlo coincidir con el resultado del PREP, frenando la entrega de actas a favor del PAN hasta el último momento, con el objetivo de desmovilizar. Cuarto, recuento parcial de las casillas donde se presentaron graves anomalías.
La lista de las irregularidades es enorme: creación de un clima de temor para favorecer el voto del miedo; ingerencia ilegal del Presidente de la República en la campaña; gasto de 1.7 billones de pesos en la promoción y divulgación de la obra del gobierno federal; uso de recursos públicos destinados al desarrollo social para inducir el voto (según Reforma el 41 por ciento de los beneficiarios de Oportunidades y el 44 por ciento de quienes disfrutan del Seguro Popular votaron por los blanquiazules; compra de sufragios; rebase de los topes de los gastos de campaña por parte de Felipe calderón; simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) purgados del padrón electoral; utilización indebida de información del Estado para servir a la campaña electoral panista; cursos de inducción del voto contra López Obrador y a favor del candidato del PAN entre trabajadores y empleados de corporaciones empresariales; manipulación de las cifras preliminares de la votación.
El voto de miedo le rindió frutos al PAN y sus aliados del Congreso Coordinador Empresarial (CCE). Presentar a López Obrador como ''un peligro para México'', asustar a la población con el peligro de perder su casa, su automóvil y sus propiedades, les permitió sumar votos más allá de su base social tradicional. Las descargas de artillería contra El Peje disparadas por las tropas herederas de la tradición cristera dieron en el blanco. La multitud de mensajes de texto que enviaron a través de teléfonos celulares para sacudir la conciencia de los fieles parecen haber surtieron efecto. ''México –advertía uno de ellos- : ¿estás seguro que EL permitirá nuestra religión católica? Santa María de Guadalupe: salva nuestra Patria y conserva nuestra Fe. Vota. Motiva.'' No fue demasiado tarde para los milagros.
El golpe de Estado técnico del 2 de julio no es más que el último eslabón de una larga cadena de acciones extralegales e ilegales perpetradas por el Ejecutivo para tratar de impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue al gobierno. El intento de inhabilitación política de hace un año, la campaña mediática presentándolo como un trasgresor de la Ley y la difusión de anuncios en televisión en los que se le muestra como una amenaza para México son solo algunos episodios de esta ofensiva en su contra.
Pieza medular de este golpe de Estado fue el Instituto Federal Electoral (IFE). El árbitro es parcial. Se hizo evidente durante la campaña electoral y quedó demostrado el día de las elecciones. Sus nueve integrantes fueron escogidos sobre la base de una negociación entre la entonces representante parlamentaria del PRI y hoy aliada de Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo, y el panista Germán Martínez. Cinco para La Maestra y cuatro para el panista. A ellos responden. El PRD fue excluido.
Con el control del Instituto Federal Electoral (IFE) en sus manos, La Maestra hizo milagros para provocar la derrota del PRI en varios estados. Ese fue el caso de Tamaulipas, territorio de la banda de narcotraficantes conocida como los Zetas, entidad donde el tricolor (el PRI) nunca había tenido descalabros mayores, y en el que el panismo era una fuerza escasamente relevante. Docente al fin, advirtió a Eugenio Flores, gobernador de la entidad, el mismo día de las elecciones: ''Hay que saber cómo actuar y aquí sí viene la decisión de fondo (...) Tamaulipas y Coahuila están con todo con el PRI y van a hablar, no sé si ya hablaron, vale más que ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan; el PRI ya se cayó''. El fraude en la entidad alcanzó niveles escandalosos.
Un día después, Pedro Cerisola, el secretario de Comunicaciones y Transportes le reconoció a Eugenio Flores los favores recibidos: ''Pues muy agradecido -le dijo-, creo que sobregiraste''. Y él, tan magnánimo como lo es con los cárteles del narcotráfico, le respondió: ''No, me da mucho gusto, lo hago con mucho afecto''.
El fraude: las piezas del rompecabezas
Durante décadas el PRI desarrolló una compleja alquimia para ganar elecciones. Esos saberes se pusieron el 2 de julio al servicio del PAN. Los mapaches tricolores se volvieron mapaches (defraudadores electorales) blanquiazules. ¿Cómo lo hicieron? La organización del fraude electoral tiene una estructura piramidal: en el vértice superior se encuentran los gobernadores, en la parte más baja una célula integrada por movilizadores, responsables de las secciones electorales y ''casas amigas''.
El movilizador se encarga de llevar a las casillas a grupos de ciudadanos que previamente han comprometido su sufragio con un partido. En ocasiones, sobre todo en regiones rurales o barrios urbanos pobres, él es el encargado de trasladar a las personas leales a los centros de votación. Frecuentemente tiene ya en su posesión las credenciales de elector del grupo, que obtuvo tras la promesa de dar solución a alguna gestión.
El movilizador es el primero en ir a votar, pero, en lugar de depositar la boleta, la esconde y la saca de la casilla. El entrega su boleta cruzada por un candidato a la persona que se ha comprometido a apoyarlo. Al entrar a la casilla, esa persona recibe una nueva papeleta que debe conservar en blanco, depositando el voto ya cruzado que le dio el movilizador. Al salir entrega la boleta sin cruzar al movilizador que, a cambio, le da entre 50 y 100 pesos. A continuación el movilizador cruza a favor de su candidato la papeleta que le entregan y le da el voto a un nuevo ciudadano para que repita la operación. El mecanismo se repite sin interrupción hasta que el último integrante del grupo leal sufraga. Se engarzan así los eslabones que integran esta cadena humana.
Cuando en el operativo cuentan, además, con boletas adicionales distintas a las entregadas originalmente en las casillas, las van depositando sigilosamente. De esa manera embarazan las urnas.
Las personas que ya han votado son trasladadas a una ''casa amiga'', donde les dan de desayunar menudo o birria o barbacoa y cerveza. Al terminar se les regala un pequeño obsequio: bolsas para mandado, gorras, camisetas.
Los movilizadores y las ''casas amigas'' son coordinados, a su vez, por un responsable seccional que tiene bajo su responsabilidad varias casillas. El es quien recibe los recursos económicos que sirven para traslados, comidas y compras de voto.
No es inusual que los funcionarios de casilla, los representantes del partido al que se pertenece y los representantes de los otros partidos formen parte de esta cadena humana. Muchos son maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al término de la jornada electoral, con ellos se pueden incrementar los votos a favor del candidato que se apoya y restárselos a los otros, sea anulándolos o contándolos mal. Cuando la vigilancia de la oposición es deficiente o ha sido sobornada se pueden alterar las actas del escrutinio con facilidad.
No es necesario, ni conveniente, alterar la votación en todas las casillas, sino que hay que concentrarse en algunas. Nada se deja al azar. Las casillas donde se centraliza el fraude son seleccionadas previamente, a partir de los informes de los promotores del Instituto Federal Electoral (IFE), de los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y de seguridad nacional.
Los gobernadores priístas son los responsables últimos de organizar esta cadena. Varios de ellos, sobre todo del norte del país, también lo fueron en esta ocasión, pero no para apoyar a Roberto Madrazo, sino a Felipe Calderón. En lugar de entregar los recursos económicos a los operadores de su partido, le dieron largas al asunto y terminaron otorgándoselos a la red paralela organizada por Elba Esther Gordillo y el SNTE. Ello fue posible gracias al pacto político establecido entre ellos y el PAN con la intervención de la lideresa del organismo gremial del magisterio
Para este trabajo de alquimia Gordillo contó con mil 350 millones de pesos proporcionados por el gobierno federal al sindicato: 900 millones de pesos para ''estímulos al magisterio'' y 450 millones de pesos para computadoras, manejados a través de un fideicomiso al frente del cual se encuentra Fernando González, yerno de la maestra e íntimo amigo del Consejero Presidente del IFE Luis Carlos Ugalde. Tuvo, además, el apoyo de los gobernadores del norte del país que pertenecen al PRI. El operativo involucró, según el sindicato magisterial, a cerca de 200 mil maestros.
La falta de recursos económicos por parte de la coalición Por el Bien de Todos, las pugnas entre los dirigentes partidarios y las redes ciudadanas, y la debilidad del trabajo en el cuidado de las casillas y la defensa del voto, favorecieron el trabajo de los mapaches blanquiazules.
El fraude contó también con la ayuda de dirigentes de la coalición Por el Bien de Todos, que ofrecieron credenciales de elector de sus integrantes a cambio de programas de vivienda o solución de demandas de sus afiliados. Esas credenciales no le dieron más sufragios a Felipe Calderón, pero impidieron que López Obrador los tuviera. A ellos se le sumaron multitud de simpatizantes del Peje que fueron rasurados del padrón electoral por el IFE.
Estas son algunas de las piezas del rompecabezas del fraude electoral del 2 de julio. Son las piezas del piso inferior de la pirámide.
Vicente Fox: los agravios
La bitácora del viaje presidencial de Vicente Fox comenzó con la esperanza, continuó en el desengañó y termina en la ira nacida del agravio. Las grandes promesas de democracia y crecimiento económico se convirtieron, en los primeros meses de su gobierno, en restauración autoritaria y continuidad absoluta de las medidas económicas de sus antecesores.
La desilusión con el nuevo mandatario va más allá de sus políticas. Muy pronto, su estilo desenfadado y aparentemente fresco de comunicarse, acabó ridiculizando la investidura presidencial y a sí mismo. Lejos de acercarlo a sus gobernados, los chistoretes y puntadas presidenciales, llenos de sexismo y racismo, lo convirtieron en presa fácil de los caricaturistas. A lo largo de estos seis años se ha ganado la animadversión de muchos. Al referirse a las mujeres como ''lavadoras de dos patas'', ofendió no sólo a las feministas sino a muchas damas más. Al confundir al célebre escritor Jorge Luis Borges con ''José Luis Borgues'' mostró no sólo ignorancia sino desprecio por los intelectuales. Al anunciar apoyos fiscales a zonas afectadas por el paso del ciclón Stan, diciendo a los afectados que ''San Stan les hará el milagrito de dejar mejor el estado'', evidenció un enorme desprecio por los damnificados.
Pero Vicente Fox mintió con la verdad. Nadie puede objetarle que en su estilo personal de gobernar se traicionó a sí mismo. Desde un primer momento convirtió la política en espectáculo y al espectáculo en política. Durante su toma de posesión hizo que lo que debió ser una ceremonia republicana de transmisión de poderes se convirtiera en un maratónico show televisivo difundido en cadena nacional, protagonizado por él mismo. La fiesta de la democracia se transformó en la celebración del jefe del Ejecutivo. El ritual para asumir la Presidencia de la República dio paso a un faraónico reventón mediático. La presentación en sociedad del nuevo mandatario se metamorfoseó en una impresionante fiesta de culto a la personalidad. Nada faltó en la recién estrenada liturgia del marketing político: actos de fe, baños de pueblo, cenas de gala, tomas de protesta, la presencia de Bill Gates, promesas idílicas, encuentro con dignatarios y poderosos, discursos.
La foxifiesta anticipó el estilo personal de gobernar del nuevo jefe del Ejecutivo: plebiscitario, individualista, brincándose las instituciones, de culto a la personalidad, de reforzamiento del presidencialismo empresarial. Allí mismo, más allá del espectáculo, de la reiterada reafirmación de su figura, el Presidente mostró las cartas marcadas con las que jugó a lo largo de su administración: Dios, familia y patria. Al hacer ostentación religiosa en una ceremonia republicana de tradición laica, meter a su familia a la celebración forzando el protocolo, anunció los futuros escándalos del sexenio.
Intentó, sin mucho éxito y con evidente rechazo, la confesionalización de la política, en lo que fue visto por muchos como la revancha de los cristeros. Pero, más allá de ello, la reafirmación reiterada de una conducta antisecular, lo mismo durante la visita del Papa que en los discursos políticos, le sirvió como estrategia de imagen. La confesionalización de la política, los valores familiares y el nacionalismo retórico son creencias que provienen del estrato más profundo del México tradicionalista que identificó al gobierno con una parte del ciudadano común y corriente que busca seguridad y orden. Al lado de los conceptos de calidad total, productividad, competencia, eficiencia y administración por objetivos, se convirtieron en el instrumento para conducir la voluntad de cambio de la sociedad mexicana por el camino del conservadurismo.
Durante su campaña, Vicente Fox ofreció solucionar el conflicto de Chiapas en 15 minutos. Seis años después, su promesa sigue a la espera de ser cumplida. En lugar de enfrentar el conflicto, lo evadió, haciéndolo crecer. Se sumó a una caricatura de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que es una burla para los pueblos indios de país.
Sin embargo, este incumplimiento de su promesa fue la norma y no la excepción durante su gobierno en el trato con el México de abajo. Por supuesto, nunca fueron castigados los responsables de la guerra sucia. Lejos de permitir la depuración del mundo sindical, apoyó y se apoyó en los líderes obreros espurios de siempre, hasta hacer de Elba Esther Gordillo una de sus principales aliadas. Y cuando intervino en el mundo laboral, como en el caso del sindicato minero, fue para promover un charrazo clásico en la mejor tradición de los gobiernos priístas.
Las expectativas de que la transición política que representó su administración abrieran paso a una profunda reforma del Estado se cancelaron muy pronto. El optimismo democrático que siguió a la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se agotó en los primeros meses de gestión del nuevo inquilino de Los Pinos. Colocado frente a la disyuntiva de acabar con el régimen político heredado del priísmo en el que no cabe la sociedad mexicana o pactar con el tricolor para alcanzar la gobernabilidad, sacrificando las reformas, apostó por utilizar en su favor los instrumentos del presidencialismo autoritario.
Y, en el colmo del ilusionismo, quiso hacer creer al país que las cosas habían cambiado porque el PRI había dejado de manejar el gobierno federal.
Efectivamente, casi ninguna de las facultades legales o metaconstitucionales sobre las que funcionó el presidencialismo mexicano fue modificada por el jefe del Ejecutivo. En la elección del gabinete prevalecieron los intereses de quienes financiaron su campaña a la Presidencia: los grandes empresarios. Los secretarios fueron, en muchos casos, gerentes al servicio de los más poderosos grupos financieros y económicos del país, o funcionarios avalados por ellos. El interés privado se colocó en el puesto de mando del servicio público. A la herencia del presidencialismo se sumó la lógica de funcionamiento empresarial. En el sexenio de Vicente Fox sonó fuerte la hora del presidencialismo empresarial.
Sexenio de amiguetes y parientes
El mandatario no tuvo empacho alguno en reconocer el sesgo de su política. Su administración, dijo, era un ''gobierno de empresarios, para empresarios, por empresarios''. Y, orgulloso, añadió: ''¡Qué bueno que va a haber disciplina, planeación financiera, mercadotecnia y comunicación! ¡Que va a ser un gobierno de calidad total y administración por objetivos!''.
Vicente Fox intentó sustituir la política por el mercado, la administración pública por el manejo gerencial, la justicia social por el buen gobierno, la negociación por el orden y la disciplina, la ciudadanía por la clientela. Su llamado a ''reinventar'' el gobierno trasladó mecánicamente la ideología de la empresa privada a las políticas públicas. Pretendió presentar lo empresarial, al margen de cualquier evidencia, como sinónimo de un gobierno eficiente, moderno, no burocrático, no corrupto y responsable.
Sin embargo, más allá de la grandilocuencia discursiva, a la hora de la verdad su administración resultó ser poco menos que un sexenio de amiguetes y parientes. Muchos empresarios se lo reclaman. A su gran amigo Roberto Hernández le dio el negocio del sexenio al permitir la venta de Banamex sin pago de impuestos. A sus aliados en los medios electrónicos de comunicación les confeccionó una legislación desnacionalizadora acorde con su voracidad financiera y su desmedido apetito político. De acuerdo con las denuncias de la Cámara de Diputados, los hijos de Marta Sahagún se hicieron millonarios de la noche a la mañana.
Más que como mariscal de campo de un equipo de futbol americano, Vicente Fox se comportó cual liniero ofensivo. En lugar de conducir el partido se dedicó a chocar con la escuadra rival. Se enfrentó con el Congreso una y otra vez, y auspició que muchas de las grandes definiciones ideológicas y de las batallas políticas claves del sexenio en la opinión pública fueran libradas por la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en lugar de por su partido.
Al airear en la opinión pública su vida íntima terminó convirtiéndola en una copia de una novela rosa. La labor de Marta Sahagún al frente de Vamos México rebasó sus actividades asistenciales o sus funciones como esposa del mandatario. Su activismo la lanzó de lleno a tratar de asaltar el cielo de una posible candidatura presidencial en una maniobra que fue denunciada por el secretario particular del jefe del Ejecutivo y que polarizó al país.
El sexenio panista convirtió a la nación en el terreno de la política social en un país con ciudadanos de paquetes básicos, en territorio libre para las aseguradoras estadunidenses. Su pretensión de privatizar las pensiones provocó un gravísimo conflicto sindical.
Simultáneamente, su administración le abrió la puerta a la derecha para presionar con éxito en la fijación de los contenidos de los medios. No pudo impedir la transmisión de Big Brother, pero logró su autocensura en temas como el sexo o las malas palabras. Hizo sentir su presencia en el nuevo reglamento de cine, en el cual se regula el acceso del público a las películas. Movilizó a una parte de la sociedad contra la izquierda utilizando como pretexto la lucha contra la inseguridad pública. La jerarquía de la Iglesia católica opinó cada vez más y enérgicamente sobre asuntos de la vida política nacional. La secularización retrocedió, a pesar de la resistencia ciudadana.
Pero, cerca ya del final de su sexenio, el jefe del Ejecutivo apretó el paso. Fiel a la filosofía de que uno es ninguno, necesitado, para irse tranquilo al rancho, de poner al frente del país un sucesor que le garantice que asuntos como los negocios de los hijos incómodos de su mujer no serán investigados, y para que se consolide la revolución conservadora de quienes lo llevaron al poder, decidió que necesitaba de tiempo, que un sexenio no era suficiente, que requería, al menos, otro más.
Y para garantizar la continuidad del proyecto, para salvaguardar la integridad de la pareja presidencial, en Los Pinos se designó como sucesor de Vicente Fox primero a Santiago Creel y después a Felipe Calderón, al tiempo que se echaba a andar una gran conspiración para evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato a la Presidencia de la República, y que si lo era no ganara de ninguna manera.
Pero el proyecto transexenal no estaba fácil. El desencanto hacia el gobierno del PAN es tan grande, y la figura del responsable tan pequeña, que el triunfo de Felipe Calderón sólo fue posible orquestando una gran maniobra de Estado. Una operación diseñada y efectuada desde las cañerías de la política nacional.
El segundo paso -después de la movilización contra la delincuencia-, denunciado por Carlos Ahumada, piedra angular de la intriga palaciega, consistió en la divulgación de imágenes grabadas de funcionarios y antiguos colaboradores del Gobierno del Distrito Federal apostando en Las Vegas o recibiendo dinero de Carlos Ahumada. La confesión del empresario en La Habana evidencia una trama sediciosa en la que participaron, al menos, el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel, el antiguo procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha, el senador Diego Fernández de Cevallos y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. No hace falta mucha suspicacia para ver la mano de Los Pinos detrás del complot.
El tercer paso fue el desafuero e inhabilitación de Andrés Manuel López Obrador, el precandidato puntero en todos los sondeos de opinión. El jefe de Gobierno de la ciudad de México se mantuvo fuera y combatió las redes de cabildeo que vinculan al mundo de la política con el de los negocios ilegítimos asociados a ella. Además de sus posibles políticas ''populistas'' o su desacato a la ley, la preocupación principal de quienes lo combatieron desde el poder tuvo que ver con el temor de que su llegada a la Presidencia cancelaría esa fuente de enriquecimiento, una verdadera mina de oro.
Finalmente, ante el fracaso de todas las estrategias previas, Vicente Fox recurrió a la realización de un escandaloso fraude electoral en favor de Calderón.
Vicente Fox recibió un país en relativa calma. Lo entrega con una de las más graves crisis históricas. Agravios sobre agravios perpetrados desde la cúspide del poder, han convertido el país en un polvorín a punto de estallar. Lo que el día de hoy sucederá en las calles de la ciudad de México y en el Palacio Legislativo de San Lázaro es un termómetro del descontento y la polarización social auspiciada desde Los Pinos. Ese es el costo -parafraseando a Marshall McLuhan- de conducir hacia el futuro mirando por el espejo retrovisor.
Saldos de una batalla
El 2 de julio muestra a México claramente dividido y fuertemente confrontado. El PAN triunfó en 16 estados y el PRD en otros 16. La mayor parte del norte votó por Calderón, casi todo el sur por López Obrador. Los ricos sufragaron mayoritariamente por el PAN, los pobres lo hicieron por la Coalición por el Bien de Todos.
Votaron por el panista la mayoría de quienes viven en el norte del país (3l 43 por ciento) y el Bajío (47 por ciento), tienen ingresos superiores a los 9 mil 200 pesos (50 por ciento) y de los profesionistas (el 48 por ciento). Sufragaron por El Peje la mayoría de los votantes del Centro (44 por ciento) y el Sur (40 por ciento), Tienen ingresos menores a los 2 mil y a los 4 mil pesos (34 y 39 por ciento respectivamente) y tienen estudios de secundaria y preparatoria (38 por ciento).
El PRI se colapsó. Su candidato a la presidencia no ganó en una solo entidad. Los gobernadores de los estados del norte de esa entidad política enemigos de Roberto Madrazo lo traicionaron. En Coahuila, Chihuahua, Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas promovieron el voto a favor de Felipe Calderón y, donde los candidatos a diputado no pertenecían a su grupo, favorecieron al Partido Nueva Alianza (Panal) de Elba Esther Gordillo. De acuerdo con la encuesta de salida de El Universal, votaron por Madrazo solo el 77 por ciento de los priístas. Sin embargo, pesar de su descalabro el PRI logró colocarse como el gran elector. Ello serán el factor de gobernabilidad.
La artífice de esta alianza entre gobernadores tricolores y el candidato presidencial blanquiazul es Elba Esther Gordillo. Ella es la gran ganadora secundaria de estos comicios. Su partido obtendrá una representación parlamentaria nada despreciable, inusitada para una formación política de registro reciente: 9 diputados y un senador. Sus protegidos postulados en las listas del PAN y del PRI obtuvieron escaños legislativos. Sus huestes serán claves en la formación de una mayoría en el Congreso.
La participación ciudadana en estos comicios dista de ser copiosa y ejemplar. Lo cierto es que votó solamente el 58.90 por ciento del padrón electoral, un porcentaje inferior al que lo hizo en las presidenciales de 2000, en las que sufragó el 63.97 por ciento y mucho menor al de 1994. Ciertamente, el resultado es superior al observado en las elecciones intermedias de 2003, las más altas en niveles de abstención en muchos años. En esta falta de participación electoral fue notable la ausencia de jóvenes, los grandes ausentes de la campaña. Ninguno de los candidatos hizo realmente proselitismo en la UNAM ni en la mayoría de los centros de educación superior públicos. Al final, votaron por Calderón el 38 por ciento de las personas que sufragaron teniendo entre 18 y 29 años de edad; lo hicieron por López Obrador el 34 por ciento.
Llama la atención la baja votación relativa por López Obrador en los estados de Zacatecas y Michoacán, ambos en manos del PRD, y los sufragios obtenidos allí por Felipe Calderón. En Zacatecas el perredista obtuvo el 35.5 por ciento de los votos y el panista alcanzó el 32.52 por ciento. En números absolutos, la actual gobernadora de la entidad, Amalia García, alcanzó durante su campaña para mandataria, en unos comicios locales con menor participación que los actuales, 75 mil votos más que AMLO. En Michoacán, tierra de los Cárdenas, AMLO alcanzó 40.57 por ciento de los sufragios contra 35.57 por ciento del blanquiazul. Compárese esas cifras con el 51 por ciento conseguido por López Obrador en Guerrero. Recuérdese la buena relación de Amalia García con Vicente Fox y el desdén con el que los Cárdenas trataron a López Obrador durante toda su campaña.
La Comuna oaxaqueña
En la fase final de la contienda electoral estalló la huelga de los maestros de Oaxaca para lograr, primero, una rezonificación por vida cara y, después, junto con muchas organizaciones populares, la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. El movimiento fue rápidamente satanizado. Se le quiso presentar como una maniobra gubernamental para restar votos al PRD y al PRI, en un estado en el que el PAN tenía muy pocas posibilidades de tener éxito. Voces muy importantes del PRD en la entidad se deslindaron del movimiento y advirtieron que le quitaría muchos votos al Peje. Los resultados hablan por si solos: la Coalición por el Bien de Todos obtuvo el 46.51 por ciento de los sufragios contra el 17 por ciento del PAN. Ganó, además, 9 de las 11 diputaciones en disputa, perdiendo 2 de ellas más por inconsistencias internas y divisiones que por los aciertos del tricolor. Los profesores democráticos promovieron explícitamente el voto de castigo al PRI y al PAN. Tuvieron éxito.
Ironía adicional es que, Ulises Ruiz, uno de los principales operadores electorales de Roberto Madrazo, el mismo que le ofreció obtener un millón de votos, haya sido el primer gobernador en pedirle a su jefe que reconociera el triunfo de Felipe Calderón. Con la soga al cuello, optó por negociar su sobrevivencia política con el gobierno federal a cambio de clavarle el puñal por la espalda a su patrón.
Hay luchas sociales que anticipan conflictos de mayor envergadura. Son una señal de alarma que alerta sobre graves problemas políticos sin solución en un país. Las huelgas de Cananea y Río Blanco constituyen uno de los antecedentes reconocidos de la Revolución Mexicana de 1910-1917. La revuelta de 1905 en Rusia mostró el camino que, 12 años después, fue recorrido por los bolcheviques durante la Revolución de Octubre.
La movilización magisterial-popular que desde el 22 de mayo sacude Oaxaca es una expresión de este tipo de protestas. Ha puesto al descubierto el agotamiento de un modelo de mando, la crisis de relación existente entre la clase política y la sociedad, y la vía que el descontento popular puede seguir en un futuro próximo en todo el país.
La protesta comenzó como expresión de la lucha del magisterio en la entidad por una demanda: aumento salarial por la vía de la rezonificación por vida cara. No había en ello ninguna novedad con respecto a luchas similares protagonizadas en años anteriores. Pero el intento del gobierno estatal por acabar con el movimiento utilizando la represión salvaje el pasado 14 de junio radicalizó a los maestros que, a partir de entonces, exigieron la destitución del gobernador de la entidad.
El reclamo encontró rápidamente eco en una amplísima parte de la sociedad oaxaqueña que se sumó a él. Agraviados tanto por el fraude electoral mediante el cual Ulises Ruiz se convirtió en mandatario como por la violencia gubernamental en contra de multitud de organizaciones comunitarias y regionales, centenares de miles de oaxaqueños tomaron las calles y más de 30 ayuntamientos. Cerca de 350 organizaciones, comunidades indígenas, sindicatos y asociaciones civiles formaron la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
Desde entonces una muy amplia parte de la sociedad no reconoce a Ulises Ruiz como gobernador de la entidad. Desde que el pasado 25 de mayo la Comisión Negociadora Ampliada tuvo la última reunión con el mandatario, no lo ha vuelto a ver. No trata sus demandas ni con él ni con sus representantes. No acepta su dinero ni sus programas. Se manda sola. El 11 de julio, la APPO dio inicio, con éxito, a una jornada de desobediencia civil y pacífica con la que busca hacer patente la ingobernabilidad y la falta de autoridad que existe en el estado.
El movimiento ha asumido el control político de la ciudad de Oaxaca. Si lo considera pertinente, bloquea la entrada a los hoteles de lujo del centro, el aeropuerto local, obstruye el tráfico de avenidas, impide la entrada a edificios públicos y al Congreso del estado. Su fuerza es tal, que el gobierno estatal debió cancelar la celebración de la Guelaguetza oficial. Sin embargo, maestros y ciudadanos organizaron su realización popular de manera alternativa.
La mayoría de los profesores dejaron por un par de semanas la ocupación de la capital oaxaqueña para culminar el ciclo escolar en sus comunidades. Terminadas las clases han regresado a la ciudad para seguir adelante con su plan de acción. La ciudad de Oaxaca está tomada por ellos.
Para tratar de paliar la crisis, Ulises Ruiz cambió a varios funcionarios de su gabinete, incluido el secretario de Gobierno, y los sustituyó con integrantes de los grupos del PRI a los que había desplazado del gobierno estatal. La maniobra no tuvo mayor efecto. Sus problemas no son solamente con la clase política de la entidad, sino con la sociedad en su conjunto.
Con el paso del tiempo la situación se agrava. El 22 de julio un grupo de 20 desconocidos disparó con armas de alto poder contra las instalaciones de Radio Universidad. La radio universitaria, conducida por el movimiento, se ha convertido en un formidable instrumento de información y movilización social. Ese mismo día, varios desconocidos aventaron bombas molotov contra la casa de Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Días después fueron lanzadas bombas molotov contra el domicilio de Alejandro Cruz, dirigente de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos.
En Oaxaca la desobediencia civil está muy cerca de convertirse en un levantamiento popular que, lejos de desgastarse, crece y se radicaliza día con día. El movimiento ha dejado de ser una lucha tradicional de protesta y ha comenzado a transformarse en el embrión de un gobierno alternativo. Las instituciones gubernamentales locales son cada vez más cascarones vacíos carentes autoridad, mientras las asambleas populares se convierten en instancias de las que emana un nuevo mandato político.
Como marchan las cosas, el ejemplo de la naciente comuna de Oaxaca está lejos de circunscribirse a su entidad. En un descuido anticipa lo que puede suceder a lo largo y ancho del país si no se limpia el cochinero cometido en los comicios del 2 de julio.
Vallas y policías
Comienzo del curso escolar. Vicente Fox huye de la ciudad de México. Inaugura clases en Celaya, Guanajuato. Las mochilas de los alumnos de la escuela primaria Solidaridad son revisadas por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP). No se permite la entrada de los padres al centro escolar. Los soldados impiden que alguien se acerque al Presidente de la República.
Jueves 17 de agosto. En Jalisco, Felipe Calderón agradece a sus compañeros de partido su triunfo. El EMP vigila los festejos. Nadie que no esté autorizado puede acercarse al candidato o a la sede del encuentro.
El EMP ha establecido una burbuja de protección impenetrable entre Vicente Fox, Felipe Calderón y el resto de los mortales. En los desplazamientos del jefe del Ejecutivo y su candidato por el interior del país los uniformados han levantado un cordón sanitario a prueba de protestas de la coalición; quieren evitar que el encono social existente en las calles alcance a sus jefes y sea reportado por los medios de comunicación.
En la ciudad de México, epicentro de las movilizaciones populares de protesta contra el fraude electoral y la imposición, la Policía Federal Preventiva (PFP) tomaó las calles y construyóo pequeñas fortalezas disuasivas alrededor del Palacio Legislativo y Bucareli.
Para los noticiarios del duopolio televisivo la protesta social apenas existe. De la misma manera en la que durante la campaña electoral apoyaron al abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) ahora militan abiertamente contra la resistencia civil. Han minimizado la cobertura del conflicto dedicándole pequeños espacios y comenzando sus programas con información sobre las lluvias y el conflicto en Medio Oriente. Lo que sucede en las calles y los hogares de muchas familias no se refleja en sus estudios de transmisión. El descontento ciudadano contra el fraude puede verse en las pantallas casi exclusivamente como un gran problema vial.
A pesar del tiempo transcurrido, el movimiento no parece dar muestras de agotamiento. Su vitalidad es sorprendente. Concentrado en su mayoría en la ciudad de México, está aún pendiente su despliegue en otras regiones del país. Cuenta con un itinerario preciso que atraviesa el calendario cívico: 15 y 16 de septiembre. En el horizonte cercano tiene en la realización de la Convención Nacional Democrática (CND) un momento organizativo central.
Para sobrevivir, la protesta deberá superar la tendencia a la dispersión y la institucionalización que surge tanto de las pugnas internas dentro de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como de su cultura política. En esta dinámica se encuentra el talón de Aquiles del movimiento.
En lo inmediato, está en juego tanto la composición de los grupos parlamentarios como la integración de las comisiones de trabajo dentro de las Cámaras. Los pleitos por las posiciones de poder han acompañado a este partido desde su fundación. ¿Por qué debería ser distinto en esta ocasión?
Un factor de tensión adicional es la proclividad de las distintas tribus a negociar directamente con el Estado para conseguir ventajas a favor de su grupo en desmedro de los intereses colectivos. Las corrientes principales del partido han hecho de esta práctica una de sus razones de ser. Finalmente, actúa en contra de la unidad la inercia partidaria a hacer de la política institucional el centro de su actividad descuidando -e incluso despreciando- la movilización social.
¿Actuará la dinámica del partido como tradicionalmente lo ha hecho o, por el contrario, la dirección del movimiento será capaz de contener las tendencias desmovilizadoras? ¿Podrá sobrevivir la protesta a la dinámica parlamentaria e institucional? Si en el PRD se impone la forma tradicional de hacer política, la apuesta gubernamental por el desgaste triunfará. Si, por el contrario, las nuevas experiencias que se han generado alrededor de la resistencia civil se vuelven hegemónicas se crearán las condiciones para enfrentar la inminente imposición de un gobierno espurio.
Hasta ahora el uso de la represión para ''solucionar'' el conflicto ha sido acotado, tanto por la magnitud de la protesta como por la incapacidad gubernamental de generar consenso por esta vía más allá de las elites. Por lo pronto pareciera haber triunfado dentro del Ejército la posición de que se trata de un problema entre civiles que debe ser solucionado por ellos. El fantasma del 68 y la guerra sucia ronda sobre las fuerzas armadas. Como debe pesar también el hecho de que en las casillas electorales instaladas cerca de los cuarteles haya ganado abrumadoramente Andrés Manuel López Obrador.
Pero la lógica represiva se ha echado a andar. En los círculos empresariales se impulsa la mano dura al tiempo que se habla del resurgimiento de organizaciones guerrilleras. Desde las entrañas del poder se reorganizan los grupos parapoliciales especialistas en guerra sucia al tiempo que se considera la posibilidad de decretar la desaparición de garantías individuales.
Vicente Fox terminará lo que le restan a su mandato escondido de las multitudes, protegido por el EMP. De consumarse la imposición de Felipe Calderón, el nuevo mandatario tendrá que gobernar de la misma manera: protegido por vallas, militares, tanquetas y policías.
Bloqueos
Una profunda crisis política sacude al país. Las reglas que norman la alternancia en el poder entre las elites han sido violentadas. Arriba no hay acuerdo, ni posibilidad de que lo haya a corto plazo. La toma de la tribuna del Palacio de San Lázaro por los legisladores del PRD y del Partido del Trabajo (PT) para impedir el discurso del presidente Fox este 1º de septiembre es muestra de ello.
Una severa crisis en el modelo de mando atraviesa las relaciones de dominación en amplias regiones del territorio nacional. Quienes están acostumbrados a obedecer se niegan a hacerlo. Quienes se creen destinados a mandar no pueden imponer su mando. Los de abajo se han vuelto desobedientes. Cuando los de arriba quieren imponer su parecer, en nombre de la ley, los de abajo no les hacen caso. Allí están Oaxaca, Chiapas, los mineros de Lázaro Cárdenas, los campesinos de Atenco.
Crisis política y crisis del modelo de mando se han empalmado. Aprovechando la bronca arriba, millones de personas de abajo han expresado su insumisión. No están dispuestos a aceptar más imposiciones. Se cuelan por las rendijas que el pleito, arriba, deja libres.
El país no cabe en el régimen político. El conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder, su ejercicio y sus valores, ha sido secuestrado por los poderes fácticos. Ellos las han tomado en rehenes. Quienes exigen al PRD que se defina entre el camino de las leyes y la movilización social se comportan como el ladrón que al ser descubierto grita ''al ladrón''. Ellos han sido los primeros en imponer una fuerza extralegal a las instituciones. ¿Qué otra cosa si no es el famoso Pacto de Chapultepec de Carlos Slim?
Al llegar a la Presidencia de la República en 2000, Vicente Fox tuvo la posibilidad de emprender una profunda reforma del Estado que transformara al viejo régimen, ya para esas fechas claramente rebasado por la sociedad. Decidió no hacerlo para utilizar a su favor las herramientas que le permitían un uso discrecional del poder del presidencialismo.
Esas herramientas son las que fueron utilizadas para intervenir en el proceso electoral a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa. Esas herramientas fueron el instrumento para que los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el oligopolio de los medios de comunicación electrónicos, líderes sindicales corruptos como Elba Esther Gordillo, sectores de la jerarquía de la Iglesia católica y los grupos de fachada de la ultraderecha mexicana participaran ilegal e ilegítimamente en los comicios del 2 de julio a favor de Calderón.
Quienes se escandalizan con el plantón de Reforma y con la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados son los mismos que bloquean la representación política de más de 15 millones de mexicanos que votaron en las urnas y muchos millones más que no lo hicieron, porque de por sí han visto bloqueada desde siempre una inserción no subordinada en la política institucional. Son quienes obstruyen la participación de millones de mexicanos en la esfera de los asuntos estatales. Son quienes han secuestrado el gobierno federal haciendo uso faccioso de sus programas. Son quienes impiden que las voces que no están de acuerdo con la imposición se escuchen en los medios de comunicación electrónicos.
Para recuperar las instituciones de representación política no hay otra opción que acorralar a esos poderes con la movilización social. No hay más ruta que vaciarlas de autoridad bloqueando su funcionamiento. No hay más camino que evidenciar, paso a paso, la ilegitimidad de quienes se asumen como gobernantes.
Así las cosas, los bloqueos de vías públicas o de tribunas legislativas ejecutados por ciudadanos movilizados son una respuesta a los bloqueos informativos y de representación política que los de arriba hacen. Son una respuesta a una obstrucción previa.
Los bloqueos han sido un arma de lucha eficaz en diversos países de América Latina. Ante las limitaciones que formas de protesta tradicional, como la huelga general, tienen en países donde la economía informal ha crecido masivamente hasta el punto de hacer de los empleos formales una minoría, los bloqueos permiten que la multitud provoque situaciones de presión política. Su ejecución impide el movimiento de mercancías y de fuerza de trabajo. Provoca pérdidas al mundo empresarial. Los piqueteros argentinos los han puesto en práctica con éxito. Las revoluciones bolivianas del agua y del gas hicieron de ellos parte central de su estrategia contra la privatización de los recursos naturales. ¿Por qué México debe ser una excepción?
La crisis política que sacude al país tendrá una solución desfavorable para el campo popular si éste se repliega a sus casas o hacia las instituciones. Hoy, más que nunca, hay que acorralar a los poderes fácticos en las calles. Los que subestiman el encono popular no saben de lo que hablan. Y si no, que se den una vuelta por Oaxaca para saber lo que nos espera.
La nación está sentada sobre un polvorín a punto de estallar y la burla a la voluntad popular podría prender la mecha. El profundo descontento social está en camino de encontrarse con el malestar electoral. El enojo se ha convertido en odio. Odio de clase. Con un encuentro parecido comenzó la Revolución Mexicana de 1910-17. Los comicios de 2006 se realizaron en medio de fuertes conflictos sociales que no fueron resueltos: los maestros de Oaxaca, los mineros de Michoacán, los campesinos de Atenco. Estas viejas heridas, comenzando por la del magisterio oaxaqueño, y otros nuevos problemas afloraran por todo el país a la brevedad. ¿Estará en posibilidad de solucionarlos un mandatario sin legitimidad, sin experiencia y sin talante social?
Que nadie se llame a engaño sobre lo que puede suceder los próximos meses. Por lo pronto, es necesario llamar a las cosas por su nombre: en México se ha perpetrado un fraude electoral, un verdadero golpe de Estado.