A partir de esta semana se publicará, en este espacio, la columna política ALTAS y bajas del periódista Jorge Luis Villa Acevedo, destacado analista político, quien se integra al equipo editorial de Diario del Pueblo. ¡Bienvenido!
ALTAS y bajas
Por JORGE LUIS VILLA ACEVEDO
* Vera Smith, Rodríguez Rosas, Cadena Tres, Excelsior, EPR… golpesPor haber sido presas políticas, pretenden vincular a María de Lourdes Rodríguez Rosas y Ana María Vera Smith, funcionarias del gobierno de Ecatepec, con la guerrilla ¡Quieren revivir la guerra sucia!
Ana María Vera Smith, luchadora social, activista, defensora de los derechos humanos de las presas y presos políticos; de los civiles --como su oposición a la destrucción del sitio arqueológico ex Casino de la Selva, en Cuernavaca--, o al frente de la Coordinadora de trabajadores del INEA en su lucha para que se les reconociera sus derechos laborales, actualmente trabaja para el ayuntamiento de Ecatepec.
El viernes 13 por la noche, la también licenciada en sicología fue relacionada como ex militante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) por el periodista Jorge Fernández Menéndez, en su programa México Confidencial del canal Cadena Tres. Al día siguiente el diario Excelsior publicó una nota titulada “Funcionarios subversivos”, en la que el reportero Raúl Flores Martínez afirma que “El actual gobierno de Ecatepec, que encabeza el perredista José Luis Gutiérrez Cureño, tiene en sus filas a funcionarios presuntamente vinculados con movimientos subversivos como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la Asociación Nacional Revolucionaria”.
Señala a Vera Smith como ex militante del “Partido Revolucionario Obrero Campesino-Unión del Pueblo-Partido de los Pobres, el cual fue uno de los grupos guerrilleros que, años más tarde, daría paso al EPR”. El redactor anota que en México Confidencial “se reveló que Vera Smith fue acusada de pertenecer a este grupo subversivo en 1990, por lo que fue detenida en el Reclusorio Norte del Distrito Federal y, posteriormente --catalogada de alta peligrosidad--, fue enviada al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco”. Luego refiere que Ana María Vera “fue coordinadora de asesores al inicio de la administración (2006-2009), pero fue reubicada en el Centro Interactivo de Educación Ambiental, donde se desempeña en la actualidad”.
De esto último, la página de Internet del gobierno de Ecatepec informa ahora que Vera Smith atiende el Centro de Investigaciones y Estudios Municipales, sin proporcionar más datos. Y en efecto, sí fue aprehendida por sus presuntos nexos con el PROCUP y pasó siete años en la cárcel como presa política, seis de ellos en la ciudad de México y uno en el Cefereso (la única mujer en ese momento) de Puente Grande, Centro Federal de Readaptación Social de donde se evadió en un carro de lavandería el narcotraficante “El Chapo” Guzmán, en enero de 2001. Según datos de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer, AC), presa política es aquella que “por sus actividades, ideas, convicciones o manifestaciones, es detenida no por la comisión de delitos, sino por ir contra los intereses de un determinado Estado, así como quien comete delitos tipificados como políticos: rebelión, sedición, motín, conspiración, entre otros”. Vera Smith obtuvo su libertad debido a que fue absuelta y por desvanecimiento de indicios o sospechas que había contra ella.
Por otra parte, la ausencia de fuentes precisas en la nota no parece mera coincidencia y más aún con el retorno del EPR (hizo su aparición en junio de 1996, a un año de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Guerrero), porque también señala que “otra de las vinculadas con grupos subversivos es María de Lourdes Rodríguez Rosas, quien perteneció a la Asociación Nacional Revolucionaria liderada por Genaro Vázquez” presuntamente “sentenciada por robo y asociación delictuosa”. En realidad se trata de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (primero fue Asociación Cívica Guerrerense) fundada por Genaro Vázquez Rojas, quien murió en febrero de 1972 en un extraño accidente automovilístico (emeequis, Nº 76, 16/07/07). María de Lourdes, Lula, también detenida por motivos políticos, fue puesta en libertad en enero de 1975, producto de una amnistía decretada por el ex presidente Luis Echeverría Alvarez. Actualmente es secretaria ejecutiva del Comité Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El último párrafo de la nota es, este sí, el remate, no periodísticamente, aunque lo sea: “De acuerdo con datos de inteligencia, otro funcionario que podría estar ligado con el EPR es el director de Seguridad Pública y Tránsito, Gildardo Pérez Gabino, a quien se le trata de ligar con la jefatura de una columna del EPR, pero esto no se ha comprobado”. En otros términos, a ninguno de los tres se les puede comprobar hasta el momento nexo alguno con el EPR ¿Se les trata de ligar?
Cadena Tres inició sus trasmisiones el 28 de mayo pasado, luego de que en medios electrónicos ya lo había hecho radio Grupo Imagen, y junto con Excelsior, pertenecen al Grupo Empresarial Angeles, GEA, presidido por Olegario Vázquez Raña y dirigido por Olegario Vázquez Aldir.
La ligereza, el infundio, la inconsistencia, y por lo mismo, lo sesgado de la información, más parecen unos datos ¿filtrados? para denostar a un gobierno emanado del PRD que poner en evidencia a un par de funcionarias con un pasado ligado a movimientos sociales causados por las inmensas diferencias sociales, desigualdad y marginación, que por sus “presuntos vínculos con movimientos subversivos como el EPR”. Es como querer reciclar momentos de la Guerra Sucia de las décadas de los 70 y 80, en que los gobiernos en turno desataron persecuciones feroces contra todo aquello que se moviera en defensa de sus comunidades y su dignidad, ante un sistema social dividido en clases, donde el poder lo detenta una poderosa camarilla y el imperialismo, y en donde sin duda todo lo que realicen los sectores socialmente marginados, nunca serán bien vistos y siempre serán descalificados, sobre todo cuando se trata del desarrollo de la lucha de clases y en donde los conflictos de intereses son antagónicos en un sistema social, político y económico de explotación provocado por un mal sistema de poder.
Ana María Vera Smith está comprometida con las luchas sociales por los desposeídos, en un esfuerzo porque tengan una vida digna; su trabajo por los derechos humanos, el cese a la represión y la liberación de todas las presas y presos políticos sigue siendo su compromiso. En febrero de 2001 expresó a CIMAC que también era promotora del Grupo Libertad para las presas y presos políticos, “pero con un especial énfasis en aquellas mujeres que han ido a la cárcel al ser vinculadas con movimientos populares –desde una óptica--, o guerrilleros, desde otra”.
De entre los artículos periodísticos de analistas de la contrainsurgencia destaca una frase, o mejor, una sentencia aplicable a los dirigentes sociales: “Desacreditar para aislar. Aislar para reprimir.”. Y este bien pudo ser el caso de Ana María Vera, en condiciones de extrema adversidad: “Enviar a una mujer a un Cefereso es un acto de disminución humana, violento aunque no haya golpes”, aseguró a Miriam Ruiz, de CIMAC. Estuvo seis años sin ser sentenciada y cuando en 1996 irrumpe el EPR en el escenario nacional, fue trasladada sin justificación alguna al Cefereso de Puente Grande.
El brillante político Luis Sánchez Aguilar, como diputado en la Legislatura LVI, el lunes 24 de marzo de 1997, según aparece en el Diario de los Debates de la Crónica Parlamentaria, manifestó que “llama de manera especial nuestra atención la denuncia que hace la Asamblea Nacional de Mujeres, la ANAM, que dirige la compañera Cecilia Corona, respecto del caso de Ana María Vera Smith, presa política en el Cefereso de Puente Grande, Jalisco,” y afirmó ante el Congreso de “caso crítico de violación de los derechos humanos, el que la luchadora social fue detenida desde hace seis años y nueve meses, desaparecida durante un periodo de siete días. Posteriormente torturada de manera brutal, forzada a firmar una declaración preparada por los mismos agentes que la detuvieron”.
Expuso que ese centro fue construido sólo para presos sentenciados y únicamente varones: “A Ana María Vera Smith se le obliga a usar ropa y calzado masculino, se le niega la convivencia con los otros internos por su condición de mujer, se encuentra en completo aislamiento dentro del mismo penal. Los alimentos se le dan por una abertura en la pared de su celda; está confinada en un espacio en el que sólo caben una cama y una silla de piedra. Tiene acceso dos horas al día a un espacio de cinco por 10 metros para caminar, proporcionándole un balón, eso sí, pero sin aire, para que supuestamente haga deporte. Se le obliga a realizar trabajo forzado cosiendo números en fundas y sábanas, a cambio de 18 pesos semanales. Está obligada a estudiar nuevamente el bachillerato, no obstante que es licenciada en sicología. Se le permite ver a su esposo, quien también está recluido en ese centro, sólo dos horas cada nueve días, sin derecho a la visita íntima. Se le somete a 14 revisiones diarias, que desde luego son degradantes y atentatorias contra el pudor de la interna y en los días de visita es sometida a doble revisión”.
Sánchez Aguilar especificó que en el artículo 18 constitucional establece que “sólo por el delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva (…)” y en segundo párrafo dice “textualmente: las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres”. Más adelante acude al artículo 22 de la Carta Magna que señala: “quedan prohibidas las penas de mutilación e infamia: las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, y es el caso que a la compañera se le atormenta a usar ropa y calzado masculino”.
Concluye el diputado Sánchez Aguilar que “a petición de la Asamblea Nacional de Mujeres, con esta fecha hemos dirigido misivas a las siguientes organizaciones internacionales de derechos humanos, apoyando la solicitud de Ana María Vera Smith: Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; Amnistía Internacional, Americas Watch, Human Rights y, desde luego, desde esta tribuna también, hacemos un llamamiento al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, al subsecretario de Prevención y Readaptación Social, Juan Ramiro Robledo, al juez que conoce de la causa y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, Oscar González López, para que de consumo intervengan en favor de la citada Ana María Vera Smith y se logre su traslado inmediato a un reclusorio femenil y su posterior liberación por evidente falta de pruebas”.
Luis Sánchez Aguilar tuvo una muerte trágica, como lo documenta Línea Directa (19/03/01): “Un sospechoso ‘accidente’ en la autopista del Sol en el estado de Guerrero. Previamente había denunciado ante el Congreso, a su regreso de un viaje a Washington, los recursos o partidas secretas que el Departamento de Estado, a petición de la CIA, canalizaba a algunas asociaciones mexicanas de Derechos Humanos, como la que presidió Mariclaire Acosta. Una eficiente maniobra para ejecutar a quien había revelado información de las operaciones encubiertas de la CIA en México”. Intervencionismo que también hace con los movimientos sociales y sus dirigentes.
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